Palabra Franca

La principal función del Estado, en sociedades como la nuestra, que es una sociedad dividida en clases, es el hacer que subsista, -y sea aceptada por todos-, la propiedad privada sobre los medios y condiciones de producción. Que sean aceptados y vistos como naturales, derechos de propiedad, no sobre objetos individuales o personales (ropa, calzado, etc.,) sino sobre las condiciones y los medios de producción. En éstos, aunque no sea visible para la mayor parte de la población, debe incluirse también la vivienda, porque si bien ésta no está directamente involucrada en la producción, sin ella, ésta sería impensable.

Lo importante para no caer en discusiones vulgares, de “sentido común” o superficiales, es considerar qué define a la propiedad privada, sobre las condiciones y medios de producción y, no sobre objetos particulares. Asimismo, la existencia de la propiedad privada sobre los medios y condiciones de producción divide a todos los miembros de la sociedad en dos grupos extremos: los propietarios y los no propietarios de ellos que ipso facto son antagónicos, lo que hace que donde ésta exista no puede haber igualdad en el más amplio sentido, ni económica ni social. La tan cacareada “igualdad de oportunidades”, en tal sentido, que difunden sin excepción, panegíricos de la clase dominante como el mismo premio nobel, Amartya Sen, no puede existir nunca en una sociedad donde unos cuenten con derechos de propiedad y otros no, donde unos posean los medios y condiciones de producción y otros no. El principio del “piso parejo” no existe por tanto en sociedades divididas en clases.

El Estado, en su más amplia conceptualización como conjunto de mecanismos de la clase dominante para sojuzgar a toda la sociedad, utiliza todos los instrumentos a su alcance (gobierno, familia, religión, creencias, cultura, valores, etc.,) para cumplir con dicho propósito: el garantizar los derechos de propiedad privada sobre los medios y condiciones de producción para unos cuantos, para una minoría. Dado que la formación económico-social capitalista no es la primera donde las instituciones sociales (bien sean laicas, religiosas, terrestres, alienígenas, etc.,) trabajan para garantizar la propiedad privada, existen mecanismos que vienen de épocas anteriores y otros que han sido creados ad hoc con ese objetivo.

“El caso del gobierno es solamente una institución de las muchas que tiene el Estado.”

Cuando surge la propiedad privada sobre los medios de producción todas, pero absolutamente todas las instituciones tienen que adaptarse, de la manera que sea, a la preservación de dicha propiedad y si no lo logran hacer, tienen ineludiblemente que desaparecer. El caso del gobierno es solamente una institución de las muchas que tiene el Estado. El Estado es el mecanismo de la clase dominante para dominar a toda la sociedad, el gobierno es únicamente uno de los instrumentos, no el único. Sin embargo, ante los ojos de los demás, ante el pueblo en general, el gobierno se asume y presenta como la institución “principal” de la sociedad, como aquél que se encarga de hacer que todas las “instituciones” se aboquen, de una u otra manera, a la defensa, fortalecimiento, existencia y subsistencia de la propiedad privada sobre los medios y condiciones de producción.

El uso “legítimo” de la fuerza y violencia hecho por el gobierno, lo es, en tanto sea aceptado por todas las instituciones del Estado como la familia, escuela, religión, creencias, etc., Los crímenes de gobierno o de Estado, dependen no sólo del uso de la fuerza y violencia del gobierno, sino de la legitimación por parte del Estado. Los crímenes de gobierno y Estado no son en tanto lo mismo. Sin embargo, el gobierno como institución “principal” de la sociedad puede “legitimar” o no los hechos considerándolos legales o ilegales. Las leyes las elabora el mismo gobierno, y el castigo también lo aplica el gobierno y, es el gobierno el que crea lo que sea útil para el fin de la defensa y preservación de la propiedad privada sobre los medios y condiciones de producción. En el caso de México, el gobierno tiene tres poderes, el poder ejecutivo es unipersonal, el poder legislativo consta de dos cámaras y el poder es colectivo, nunca unipersonal; y el poder judicial lo ejercen unos pocos prohombres que reciben tal categoría de los otros dos poderes.

Así, en México, -y en cualquier país donde exista la propiedad privada sobre los medios y condiciones de producción-, son unos cuantos los que organizan el gobierno, entre ellos se designan tal o cual función y entre ellos se reparten la posibilidad de hacer uso de esa fuerza de forma “legítima”, porque son ellos mismos los que legitiman y deslegitiman, legalizando o ilegalizando tal o cual accionar. Y esos pocos, todos y cada uno de ellos, son miembros no del pueblo. Son representantes de la clase dominante, de la clase de los propietarios de los medios y condiciones de producción.

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