Arely Carrera Brena June 30, 2016

Un Estado débil que no puede garantizar la seguridad y la
integridad de los ciudadanos ante la violencia cultural y de género.

 

Por: Arely Carrera Brena

Toparse con la noticia del asesinato de una persona en algún medio informativo, poco a poco pierde impacto o asombro en el público, poco a poco la sensibilidad e indignación se va diluyendo ante las miles de muertes provocadas por la violencia.

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Foto: Mary Cortez /Multitud.

Sin embargo, hay hechos que marcan poblaciones enteras y vuelcan la mirada del espectador más estoico. Como fue lo acontecido en el estado de Puebla en los últimos meses; ya que en dos municipios (Ajalpan y Coxcatlán) ocurrieron hechos atroces que terminaron con la vida de las víctimas, teniendo como característica principal la agresión extrema.

En octubre del año pasado, Puebla fue sorprendida por la noticia de dos encuestadores asesinados a manos de los pobladores del municipio de Ajalpan, tras ser confundidos con secuestradores. En este año, hace unas semanas, el sur del estado nuevamente fue objeto de mira, ya que en la población de Coxcatlán, dos sujetos armados y encapuchados acabaron con una familia de 11 integrantes.

Resulta interesante pensar que la escala de violencia que atraviesa el estado y el país ha alcanzado a pequeñas regiones que podrían considerarse tranquilas con respecto a lo que padece la capital, por ejemplo.

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Foto: Mary Cortez / Multitud.

Asimismo, ambos casos ponen en tela de juicio la participación de las instituciones: por un lado, el error de la policía municipal para atender la demanda del pueblo, así como su nula participación ante el visible linchamiento que ocurrió en ese lugar.

Y por otra parte, el caso omiso que Puebla hace con respecto a la creciente ola de feminicidios y que en este caso, tuvo un desenlace mortal, pues los familiares de la víctima que sufría violencia de género pagaron con sus vidas este mal que aqueja a cientos de mujeres.

Coxcatlán y Ajalpan, marcados por la violencia
En el ejemplo de Ajalpan, los ciudadanos reaccionaron ante falsos rumores promovidos por las redes sociales y, en consecuencia, tomaron justicia por su propia mano. Mientras eran sacados de la estación de policías, cientos de golpes anónimos cayeron sobre los encuestadores; la muchedumbre tenía la convicción irracional de que fueran consumidos por la hoguera que ellos mismos habían iniciado. Ante esto, José Antonio Aguilar Rivera, doctor en ciencia política de la Universidad de Chicago, reflexiona acerca de esta situación pues considera que varios factores fueron motivo de estos actos como la debilidad que tiene el Estado para atender las demandas de pueblo, así como la poca credibilidad que hay en las instituciones para garantizar justicia. Por lo tanto, la ciudadanía considera que puede ejecutar la labor que el sistema judicial no realiza.

En el municipio de Coxcatlán, el individuo que masacró a la familia fue motivado por asuntos personales, ya que una integrante de las víctimas tuvo una relación previa con el asesino pero ésta lo abandonó porque sufría de agresiones sexuales.

La representante del Observatorio de Violencia Social y Género (OVSFG), de la Universidad Iberoamerica Puebla, Lourdes Pérez Osegura señala que lo acontecido en esta región debe ser catalogado como “feminicidio”, por los antecedentes previos a estos eventos.

Cabe mencionar que desde hace tiempo este tipo de asesinatos ha ido en aumento en Puebla, pero por falta de pruebas no se catalogan como tal. Pese a esto, la sociedad condena estos actos y hace la demanda para que haya medidas necesarias que sancionen y, sobre todo, eviten estos asesinatos.

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Foto: Mary Cortez / Multitud.

La experta en temas de género, Vianeth Rojas Arenas, Directora General del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC, siguió el caso a fondo y ella comenta en entrevista que el caso de Coxcatlán presenta dos tipos de crímenes: el feminicidio que sufrió la primera víctima y el asesinato de las mujeres en esa familia fueron por razones de género, esto quiere decir, que no fue circunstancial lo que aconteció, por el contrario, el agresor tenía una intención que lo llevó a cometer la masacre.

Por otra parte expone la inexistencia de políticas públicas que sirven en la prevención de la violencia. Así como el problema que se tiene en los ministerios públicos, pues no atienden las demandas que requiere la víctima. Porque en el caso citado, la mujer agredida presentó una denuncia social de las agresiones que padecía, sin embargo, no continuó con la declaración ante las autoridades.


“Además hay que agregar la violencia por parte del crimen organizado que está viviendo esa ciudad; las víctimas no están recibiendo ayuda del Estado.”

Vianeth Rojas Arenas, Directora General del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC.

La directora del organismo cavila en las razones de la falta de interés en denunciar por parte de esta mujer y muchas otras que viven lo mismo. Algunas de éstas son el miedo a no ser escuchadas por parte de los agentes de seguridad, así como minimizar la agresión, y por otra parte, el considerar que no podrán resolver estos conflictos, debido a la alza de violencia que se vive por parte del crimen organizado.
Generar una política pública específica donde toda la población sepa a dónde puede ir para poder denunciar estos hechos, en qué ministerio público o agente ministerial e inmediatamente recibir una buena atención. Además hay que agregar la violencia por parte del crimen organizado que está viviendo esa ciudad; las víctimas no están recibiendo ayuda del Estado. Por eso el ir o no a denunciar es casi lo mismo”

Vianeth Rojas sostiene que la existencia real de políticas de prevención en espacios públicos es primordial para que se puedan combatir este tipo de actos, porque lo primordial consiste en erradicar la violencia mucho antes de convertirse en una agresión física la cual se tenga que denunciar. Instituciones como la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) se deben encargar de emitir estas acciones, pues son éstas las encargadas por el Estado de prevenir los crímenes que aquejan a la ciudadanía.

Cristo Edén de Jesús Jiménez, maestro en Historia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidad “Alfonso Veléz Pliego”, discurre en que ambos casos “El Estado tiene la encomienda de los ciudadanos para otorgar seguridad, en ese sentido, si nosotros pensamos en la seguridad y entendemos que en México puede quedar impune cualquier tipo de delito, obviamente se incita a que siga pasando. No es casualidad el ensañamiento, no es casualidad que la gente lo haga”


“El Estado tiene la encomienda de los ciudadanos para otorgar seguridad, en ese sentido, si nosotros pensamos en la seguridad y entendemos que en México puede quedar impune cualquier tipo de delito, obviamente se incita a que siga pasando.”

Cristo Edén de Jesús Jiménez. ICSyH.

El académico considera que vivimos en un Estado de violencia y conforme pasa el tiempo, esta violencia se naturaliza. Esto pudo tomar fuerza a partir de Guerra contra el Narcotráfico iniciada por el ex presidente, Felipe Calderón, porque durante el conflicto, muchas garantías individuales se violaron, añadiendo las desapariciones y muertes por parte de los grupos delictivos. En consecuencia, el imaginario colectivo perdió la poca credibilidad que tenía en las autoridades y el miedo y la inseguridad perpetró en la vida de gran parte de México. Por esto, ante un acto de injusticia, el pueblo toma el lugar que corresponde al Estado y realiza barbaries como el linchamiento a los encuestadores.

También señala la importancia de las instituciones dado que está estrechamente relacionada con la ola de violencia que aqueja a Puebla y al país, pues cuestiona las acciones que el Estado hace para coadyuvar a un sano desarrollo. La creación de espacios de esparcimiento, así como el impulso por la cultura y el arte, por ejemplo, son piezas clave para construir una sana convivencia entre la población.

Ambas situaciones pudieron terminar de distinta forma, o en el mejor de los escenarios, jamás hubieran ocurrido. Diversos problemas permean en esta sociedad, la cual ha perdido la capacidad de resolver conflictos y que estos no terminen en una tragedia. Casos como los de Ajalpan y Coxcatlán son muestra de la clara crisis que se vive en México. Ya que la violencia llegó a lugares que eran poco probables de ser alcanzados. Lugares que por no poseer una tasa alta de habitantes, hubieran sido viables para tener un alcance mayor en cuanto a medidas preventivas y acciones concretas que en ese momento así lo requirieran.

Queda reflexionar que todo esto, a su vez, provoca una crisis de valores entre la ciudadanía y genera una clara indiferencia ante la escala de violencia que nos va consumiendo a diario, pues es necesario que actos tan atroces deban ocurrir para que la sensibilidad regrese a nosotros, para que movamos la cabeza en señal de desaprobación, que se retome el poder de exigir medidas efectivas a quienes son los responsables de cubrir las demandas del pueblo.

De lo contrario el panorama del país será el de ir a la deriva, sin protección alguna, sin rumbo fijo.

 

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