Fernando Montiel July 28, 2016

Hades
Por Fernando Montiel T. / Foto: Hilda Ríos

La evolución del ejército mexicano, históricamente conservador y distante, ha cambiado de rol en los últimos años.

Antaño garante simbólico del poder en turno devino en remedio armado de la incompetencia civil en el control de la delincuencia organizada. Pero no se detuvo ahí: hoy las fuerzas armadas han asumido su politización de forma pública y abierta.


Imágenes del pasado

En el pasado, el hermetismo histórico de las fuerzas armadas se traducía en respeto y hasta veneración. Nadie sabía nada de lo que pasaba dentro de los cuarteles y ese desconocimiento alimentaba leyendas que terminaban por enaltecer el mito y el prestigio militar. A los militares se les admiraba más por lo que se decía que por lo que se conocía a ciencia cierta de ellos. Y en la tranquilidad de ese enigma vivían lejos de la sociedad y viceversa. El 16 de septiembre y el 5 de mayo no eran más que fechas para hacer acto de presencia y dejarse admirar; eran –son tal vez todavía- ventanas a un mundo que para cualquier otro fin le es ajeno a la sociedad.

        ¿Pero es así?, ¿de verdad es tan escaso el contacto de la institución armada con el pueblo al que, se supone, se debe? La afirmación sin duda no es absoluta: ahí está la matanza del 2 de octubre del 68, la del 10 de junio del 71, la guerra sucia en los años ochenta, los torturados en el Campo Militar No. 1, la formación de grupos paramilitares en Chiapas en los noventa, el gradual control que ha adquirido en ejército de las estructuras de seguridad pública a nivel municipal desde el año 2000 y la militarización rampante del combate a la delincuencia organizada desde 2006.

        Todo esto ocurrió siempre al amparo del poder civil. Ellos, los militares, se decía con verdad, sólo obedecían: si la responsabilidad operativa por la violación a derechos humanos era suya, la responsabilidad política y pública era –y sigue siendo- de los gobernantes.

        Pero esto era el pasado.

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Imágenes del presente

En el presente tenemos un cambio sustancial. La descomposición del sector seguridad que la clase política presentaba como excepcional –en el sentido de que “sólo ese sector” estaba podrido- ha evidenciado que en realidad la podredumbre es sistémica. No es que las instituciones hayan perdido el control de la seguridad, no: es que las instituciones mismas están cayéndose a pedazos. La corrupción ha dejado de ser un acto/pacto individual, secreto y vergonzante entre el corrupto y el corruptor para convertirse en una industria en la que participa el Estado ya de forma abierta, pública y permanente. El resultado es fácil de adivinar: el suicidio social.

        En este contexto el ejército ha caído ya en la cuenta de que se ha perdido la vergüenza y el pudor público. El país pues, está gobernado -literalmente- por sinvergüenzas. ¿Son esos sus jefes? Sí, esos son sus jefes, después de todo, el Presidente de la República sigue siendo el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Así las cosas ¿cómo podría la institución castrense no hacer análisis de las credenciales de aquellos a los que debe obedecer?, ¿cómo evitar que saque la conclusión obvia de que, mientras que ellos –los militares- han perdido el prestigio y el respeto público del que históricamente –con o sin fundamento- gozaban de parte de la sociedad, los responsables de tal descrédito –los políticos- medran a sus costillas? Es imposible: el ejército ha comenzado a sacar sus propias conclusiones ya muy al margen de los que los civiles dicen o hacen: saben que están pagando un costo que no les correspondía; saben del estatus perdido; saben de la dependencia que tiene el gobierno de ello; y saben del miedo que inspiran –ahora sí con conocimiento de causa- en la población.

El general Salvador Cienfuegos se negó –transmisión en cadena nacional- a la apertura de los cuarteles el 27 batallón de infantería con sede en Iguala, Guerrero, para la búsqueda de los 43 muchachos desaparecidos después de que fueran atacados por fuerzas municipales, estatales y federales. La negativa del General Secretario fue leída dentro y fuera del país ya no como parte de ese misterio del que en el pasado derivaban las fuerzas armadas parte del respeto que se les tenía sino como opacidad, cerrazón, distancia, insensibilidad, sospecha y autoritarismo.

        Semanas más tarde, el mismo Cienfuegos ofreció una disculpa ante la evidencia en video irrebatible de que el ejército –vaya novedad- tortura. Si el alto mando militar necesitaba pruebas en video circulando de forma masiva en medios de comunicación para saber que los elementos bajo su mando violan de forma sistemática derechos humanos y pedir la disculpa respectiva entonces sólo hay dos posibilidades: o está pésimamente mal informado, o su tolerancia a los delitos –incluso crímenes- ejecutado por sus fuerzas es mayor y sólo es alterada por el peligro del escándalo.

La primera opción es imposible, y la segunda y última colocaría al ejército en el mismo lugar en el que se encuentra el poder político civil: en el estercolero del cinismo y la deshonra.


En el pasado, el hermetismo histórico de las fuerzas armadas se traducía en respeto y hasta veneración. Nadie sabía nada de lo que pasaba dentro de los cuarteles y ese desconocimiento alimentaba leyendas que terminaban por enaltecer el mito y el prestigio militar



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Imágenes del futuro

¿Qué viene?  Malas noticias. El endurecimiento de la política civil –que incluso el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral- llamó “a un paso del autoritarismo” empata bien con la agenda política militar, agenda que ya está muy lejos de cualquier vinculación con la supeditación y obediencia al poder civil.

        La agenda política militar se construye en sus propios términos, y busca diversas metas: 1) la supervivencia, 2) el cobro de facturas por el desgaste público, 3) la activación del potencial político castrense –ya presente, incrustado en diversas instituciones de la vida civil en los tres niveles de gobierno, 4) ampliación de sus márgenes de acción y 5) cambiar la relación cívico-militar: de la supeditación al control.

        Aquí nos encontramos en la antesala, si bien no de un golpe de estado militar –en el sentido en el que se practicaron en todo América Latina en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta- sí de escenario en el que los militares se mantienen fuera de los cuarteles por iniciativa propia, en donde la duplicación de sus presupuestos en el sexenio pasado y la modernización de su equipo ya no son suficientes para apaciguar sus agravios, y en el que la conservación de la opacidad de sus operaciones y la impunidad de sus faltas no tienen visos de desaparecer para dejar paso a una institución moderna, transparente y profesional.

* * *

Pero el Ejército, por la razón que fuera, efectivamente se disculpó por el abuso, y lo mismo hizo posteriormente el Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia. Si pasos como estos se emprendieran de forma frecuente, sincera e inteligente otra sería la historia del poder militar: si existiera la posibilidad de que el Secretario de la Defensa fuera un civil, más aún, mujer y civil; si se desapareciera el Plan DN-II –que permite que el ejército vea a un sector de la población como enemiga; si el Procurador de Justicia Militar fuera un civil; si se desmilitarizara el combate al narcotráfico y si cambiaran las currículas del Colegio de la Defensa para incluir materias como Educación para la Paz y Cultura de Paz, otro sería el prestigio, otra la cercanía, otra la dignidad de las fuerzas armadas.

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