Proyectos de muerte amenazan a la sierra norte de Puebla

on June 6 | in Arca de Ideas, Sociedad, Sujetos | by | with No Comments

 

Por Jorge Armando Hernández

Foto: Ángel Franco.

Los llamados “megaproyectos de muerte” (minería a cielo abierto, fractura hidráulica o fracking, gasoductos, plantas hidroeléctricas de nueva creación, proyectos turísticos ecocidas, ciudades rurales, entre otros), han establecido en la Sierra Norte de Puebla un objetivo claro para su explotación a costa de la devastación de ríos, montañas y subsuelo.  Un evidente exterminio de ecosistemas que comenzó desde hace ya varios años.

Las llamadas “reformas estructurales”, entre otras  de sus “generosidades”, hoy permiten la explotación indiscriminada de los recursos naturales, principalmente de hidrocarburos.  De esta forma,  el mapa del Golfo-centro de México,  en los límites de Veracruz, Hidalgo y Puebla retoma una importancia industrial que, a diferencia del  auge de la para estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), hoy todo lo que se extrae es para el enriquecimiento de grandes consorcios en su mayoría trasnacionales.

La enorme riqueza natural de esta extensa zona está siendo explotada en todas las formas posibles para obtener las mayores ganancias económicas, sin importar en ningún momento los daños al ambiente, a los habitantes y  al territorio.

Así, mientras la fractura hidráulica se practica en municipios de la sierra baja en Puebla y límites con Veracruz (Venustiano Carranza, Pantepec, Francisco Z. Mena y Jalpan), los gasoductos para trasportar hidrocarburos se extienden desde la zona de Tuxpan y Poza Rica, Veracruz, hasta el Estado de México o Tula Hidalgo, pasando por largas extensiones de tierra de comunidades indígenas totonacas, nahuas, otomíes, tepehuas, entre otras.

En Cuacuila (pueblo nahua), Huauchinango, Puebla y en San Pablito (pueblo otomí), Pahuatlán, las luchas de resistencia a los gasoductos han sido ejemplares por parte de los pueblos originarios. En Cuacuila, se organizó una lucha política y jurídica que evidenció las ilegalidades con las que operó la empresa Gasomex para construir el gasoducto Tuxpan-Atotonilco que transporta gas LP a los largo de 300 kilómetros y cuya suspensión definitiva de la obra quedó en pausa por falta de recursos para publicar el edicto al respecto.

En el municipio de Pahuatlán, la inconformidad contagió a varias comunidades que se aglutinaron para defender sus tierras ante el  próximo paso del gasoducto Tuxpan-Tula. En éste, como en la mayoría de los casos, los habitantes han denunciado que las autoridades locales fueron sobornadas para favorecer los intereses de las empresas y no de los habitantes.

Megaproyectos


Además están los proyectos mineros que enfrentan los municipios de Tetela, Ixtacamaxtitlán, Zautla, Cuetzalan, Tepango, Libres, Zapotitlán, Teziutlán, Guadalupe Victoria, Xicotepec, Tlatlauquitepec, Zacatlán, entre otros. Sólo en esta región son 141 títulos de concesiones mineras para más de 160 mil hectáreas (más del 18% del territorio estatal). Minería a cielo abierto para extraer principalmente oro,  plata, cobre, zinc, con métodos devastadores que utilizan  cianuro, arsénico, dinamita y metales pesados para sus objetivos de explotación indiscriminada. Figuran los nombres de empresas como Frisco, Almaden Minerals, JDC Minerales, Minera Peñoles, Minera Autlán, Grupo México, etc.

Las hidroeléctricas de nueva creación están proyectadas para Olintla, San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán, Hueyapan, Zapotitlán, entre otros. Con repercusión en tres principales ríos: Ajajalpan, Zempoala y Apulco para la construcción de 10 presas y unas 35 mini hidroeléctricas. En todos los casos han ido surgiendo resistencias de las diferentes poblaciones. El despojo de tierras y la afectación a los ríos por su  estancamiento o su desviación hasta en un 90% en tramos de hasta 5 kilómetros, son las principales inconformidades.

A ello hay que agregar el llamado “Proyecto Turístico Integral Necaxa” que anunció el ex gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, desde inicios del 2015 y que ha ratificado su sucesor Antonio Gali Fayad, ambos del PAN. Un desarrollo turístico que pretende ser construido en terrenos aledaños a las presas del complejo hidroeléctrico Necaxa y dentro del Área Natural Protegida de la cuenca que lleva el mismo nombre.  Este proyecto, anunciado como el próximo “Valle de Bravo poblano” encontró resistencias en habitantes de Papatlazolco, Xaltepec, Papatlatla, Tlalmaya, Tenango, Colonias de Hidalgo, Cuacuila (en el municipio de Huauchinango) y Xaltepuxtla (en el municipio de Tlaola). El despojo de tierras, el ecocidio y el hecho de que es un proyecto para beneficio de la iniciativa privada y no de los pueblos, han sido los principales argumentos de quienes lo han rechazado.

A decir de especialistas en  sociología y antropología, paralelo al despojo y a la destrucción del ambiente,  con los megaproyectos de muerte prevalece además un contundente golpe al patrimonio intangible vinculado a la identidad de los pueblos indígenas de la Sierra Norte de Puebla. La devastación del entorno físico (aire, agua, suelo, subsuelo) ocurre de manera simultánea a una destrucción de los elementos que constituyen la identidad de las culturas originarias que se han desarrollado en el mismo. Por lo que la lengua, la vestimenta tradicional, las costumbres y todos los aspectos culturales sufren actualmente claros atentados. Con la llegada de los falsos conceptos de “modernidad” y “desarrollo” el capital destruye no sólo ecosistemas completos sino culturas, tradiciones y formas de vida.

El despojo de tierras, el ecocidio y el hecho de que es un proyecto para beneficio de la iniciativa privada y no de los pueblos, han sido los principales argumentos de quienes lo han rechazado.

Sin embargo, las “Reformas Estructurales” en México no han logrado los objetivos planteados por sus impulsores. Por el contrario, resulta evidente el fracaso de las mismas. La caída internacional de los precios del petróleo dio al traste con el proyecto entreguista de la Reforma Energética y, según coinciden algunos analistas, esto ha permitido frenar  –al menos por el momento-, el saqueo y la explotación indiscriminada que se tenía prevista con los cambios radicales que se le hicieron a la Constitución.

Lo cierto es que los pueblos originarios de esta parte del país continúan con estas amenazas latentes a sus bosques y ríos.  Además de la privatización del agua que fue promovida también por el gobierno de Rafael Moreno Valle, aprobada el 12 de septiembre del 2013, al reformar la constitución poblana en su artículo 12 y abrió la posibilidad de que la administración del agua de todo el estado pasara a manos de particulares.

Frente a esta clase de atentados, resulta indispensable la organización social para defender el territorio y el patrimonio. Tan sólo en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa se concesionó  el 30 % del territorio nacional para la minería. Con Peña Nieto se consolidaron las reformas neoliberales que venían siendo impulsadas desde sexenios anteriores (PRI y PAN). Así queda claro que al régimen actual no le interesa defender los derechos de las comunidades y sus habitantes, por el contrario, es el principal impulsor de la devastación para favorecer a las trasnacionales.

Mientras no se cambie el actual sistema económico y político en el país, serán los pueblos y sus propios habitantes quienes, mediante la organización social y la lucha política y jurídica puedan frenar todos estos abusos generados por quienes a pulso, se han ganado el mote de “vende patrias”.

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